El 14 de marzo de 2025, la Xunta de Galicia publicó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la megaplanta de celulosa de ALTRI-GREENFIBER, avalada por 34 informes sectoriales. Sin embargo, la Xunta interpreta estos informes con condicionantes como un cheque en blanco para el proyecto.

El papel lo aguanta todo, pero la realidad no se puede maquillar

• 46.000 m³ diarios de captación de agua del embalse de Portodemouros, alterando caudales y biodiversidad.

• 30.000 m³ diarios de vertidos químicos al río Ulla, afectando en su desembocadura la riqueza marisquera de la Ría de Arousa.

• Emisiones contaminantes desde una chimenea de 75 metros de altura, afectando la calidad del aire en Galicia y más allá.

• Olores industriales persistentes en el Camino de Santiago, como ya ocurre en ENCE Pontevedra.

• Merma de 16.000 m³/día en el caudal medio del Ulla, agravando la situación en los meses de verano y amenazando especies protegidas como la lamprea, el salmón atlántico y el mejillón de río.

La Declaración de Impacto Ambiental no es una aprobación definitiva

El DOG nº 51 (14 de marzo de 2025) publicó la DIA favorable, pero esto no implica la autorización final del proyecto.

Antes de su aprobación definitiva, el proyecto aún debe:

• Obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI).

• Resolver las alegaciones pendientes.

• Verificar el cumplimiento efectivo de los condicionantes impuestos en la propia DIA.

Sin embargo, la Xunta ha obstaculizado desde el inicio del expediente el acceso a información clave del proyecto y singularmente ahora a los 34 informes técnicos y los condicionantes impuestos, al:

• Minimizar el impacto ambiental real, sin evaluar los efectos acumulativos sobre la cuenca del Ulla y la Ría de Arousa.

• Dificultar el acceso público a los informes completos, impidiendo una fiscalización independiente.

• Presentar el proyecto como “ambientalmente viable” antes de la evaluación completa, lo que contradice principios de rigor, objetividad y transparencia, en un proyecto altamente sensible como el de la celulosa promovida por Altri.

Condicionantes no equivalen a viabilidad ambiental

Técnicos consultados por CyN afirman que no se puede declarar “ambientalmente viable” un proyecto basándose en condicionantes de explotación.

Si los condicionantes no se cumplen estrictamente, el daño será irreversible e ilimitado. En este caso, las sanciones futuras no revertirán la destrucción de ecosistemas.

Un proyecto industrial debe evaluarse conforme a los parámetros normativos vigentes, no en base a suposiciones de cumplimiento futuro. Avalar un proyecto con incertidumbre técnica y legal es irresponsable.

La DIA publicada en el DOG es una validación política de lo ya afirmado por conselleiras y presidente de la Xunta de Galicia y supuestamente decidido, como acredita la hemeroteca relacionada, con el agravante añadido de falta de transparencia y sin hacer públicos los informes técnicos que supuestamente la justifican, lo que contravine gravemente el ordenamiento jurídico y es pilar para impugnar.

Un proyecto contaminante y una amenaza a largo plazo

Desde CyN denunciamos no solo la falta de transparencia, sino la manipulación informativa para justificar un proyecto que no tiene acceso garantizado a la red eléctrica y no cumple los requisitos ambientales de los Fondos Next Generation.

Nos intentan vender este proyecto como una "oportunidad de desarrollo", pero ocultan que:

• Los vertidos contaminarán el Ulla y la Ría de Arousa, afectando gravemente la pesca, el marisqueo y el ecosistema fluvial.

• Las emisiones tóxicas dañarán la calidad del aire y aumentarán las enfermedades respiratorias.

• El Camino de Santiago se convertirá en un corredor de hedor industrial, degradando su valor cultural y turístico.

• El impacto en la Red Natura 2000 (ZEC Serra do Careón) ha sido minimizado, pese a la afectación directa a ecosistemas protegidos.

• La eucaliptización de Galicia derivada del proyecto, al tener que plantar eucaliptos para abastecer más de un millón de toneladas año hasta 2030 y luego 2,8 millones de toneladas en una segunda etapa, lo que derivaría en más incendios forestales.

El marco legal ignorado por la Xunta

El proyecto incumple normativa clave de la UE y el Estado:

• Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua) – Prohíbe el deterioro de masas de agua protegidas.

• Directiva 2010/75/UE (Emisiones Industriales) – Exige aplicar las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para evitar contaminación.

• Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad – Obliga a preservar especies en peligro.

CyN se adelantó a esta manipulación

CyN presentó en abril de 2024 una denuncia ante el Ministerio de Transición Ecológica y alegaciones fundamentadas ante la Xunta.

El futuro del Ulla, de la Ría de Arousa y de miles de personas NO puede quedar en manos de intereses políticos y empresariales.

Es el momento de alzar la voz y frenar este desastre ambiental antes de que sea demasiado tarde, acudiendo a la manifestación del 22 de marzo en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Links relacionados DOG:

• DOG 45 do 4/3/2024 - ANUNCIO do 20 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral de Industria

• DOG 53 del 18/3/2025 - ANUNCIO de 14 de marzo de 2025, de la Secretaría General de Industria y Desarrollo Energético

• DOG 51 del 14/3/2025 - ANUNCIO de 6 de marzo de 2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad