Asociación Castaño y Nogal

La sociedad gallega no puede seguir pagando incendios evitables con patrimonio, vidas, impuestos y paisaje.

Galicia ha destinado más de 182 millones de euros en cinco años a combatir incendios forestales, pero no hay datos verificables que acrediten resultados. Las brigadas están infrautilizadas, los registros son opacos y la prevención apenas se ejecuta. Castaño y Nogal denuncia esta crisis de gobernanza forestal y propone una transformación del modelo vigente, con planificación, transparencia y vocación de servicio público.

Galicia arde cada verano, no por el clima, sino por la inacción institucional. Entre 2020 y 2024 se han destinado más de 182 millones de euros a la prevención y extinción de incendios. Sin embargo, lejos de frenarse, el número de fuegos ha crecido: de 470 en 2020 a una proyección de 575 en 2024. Se invierte más, pero se quema más. Algo falla, al margen del aumento de las temperaturas.

Los datos difundidos por la Xunta sobre las labores de prevención no son creíbles ni verificables. Solo en 8 de los 19 distritos forestales aparecen referencias a tareas concretas, muchas veces presentadas como “desbroces” cuando en realidad se trata de quemas controladas, mal documentadas. No se informa del lugar, los medios utilizados ni los resultados. La falta de transparencia es tan grave como la ausencia de planificación. Sin información fiable, no hay control ciudadano ni institucional posible.

Las brigadas de prevención, dependientes de los 19 distritos, deberían estar operativas todo el año. Pero se activan únicamente en verano, sin formación continuada, sin entrenamientos técnicos, en condiciones precarias. Se refuerzan con contrataciones temporales y medios aéreos sin evaluación ni control. Se conforman cuadrillas mal dotadas, sin hoja de ruta, sin continuidad. Galicia cuenta con profesionales, vehículos y maquinaria, pero carece de una estrategia preventiva coherente, escalonada y territorialmente priorizada.

Esta situación vulnera la Ley gallega 3/2007, la Ley 1/2016 de transparencia y la Ley estatal 19/2013. El modelo no reduce el riesgo: lo consolida. No hay evaluación de resultados, ni zonificación forestal, ni protocolos ajustados a la interfaz urbano-forestal. No hay estrategia.

El problema es estructural. Se sigue priorizando apagar fuegos en lugar de evitarlos. Se multa a propietarios por no limpiar, incluso cuando desbrozan correctamente zonas sensibles, pero no se les ofrece apoyo técnico ni acompañamiento. Se gasta en publicidad institucional, pero no se ejecutan tareas efectivas. Se incrementa el presupuesto anual, pero no se ve ni una hectárea más limpia ni menos incendios en áreas críticas: cerca de pueblos, espacios protegidos o rutas naturales.

Esta lógica debe invertirse. La prevención debe ser un servicio público permanente. Galicia necesita coordinación interadministrativa, control parlamentario, planificación participativa con universidades, biólogos, ingenieros y comunidades rurales. Urge diseñar e implantar un plan de especies forestales adaptado a la realidad climática, orografía y riesgo de propagación, con criterios de interés general y viabilidad ecosocial.

No podemos seguir dejando que nuestros montes sean un polvorín sin gestión. El abandono rural, la acumulación de biomasa y la falta de acción preventiva son el caldo de cultivo de los grandes incendios. Como recordaba Arne Næss, “la protección de la naturaleza no puede esperar a tener razones económicas: es una responsabilidad ética ineludible”.

Castaño y Nogal propone soluciones concretas: diagnóstico zonal, redefinición de funciones de las brigadas, trabajo preventivo todo el año, y una red estable de colaboración con las comunidades del entorno. Hay que restaurar el vínculo entre el territorio, quienes lo habitan y quienes lo gestionan.

Por ello, como sociedad civil comprometida con el rural, el patrimonio natural y cultural y la biodiversidad, CyN exige a las autoridades —europeas, estatales y gallegas— la elaboración urgente de un nuevo plan de prevención y reforestación responsable. Uno que garantice eficacia, equidad, transparencia y resiliencia ecológica, económica y cultural.

La sociedad gallega, al igual que la europea, y la generalidad de los contribuyentes, no pueden seguir pagando incendios evitables con patrimonio, vidas, impuestos y paisaje. Es el momento de decidir si queremos seguir ardiendo… o empezar a cuidar lo que aún se puede salvar.
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Esta entrada se publicó el miércoles, 16 julio, 2025 a las 11:09 y está archivada en General. Puedes seguir los comentarios de esta entrada en el RSS 2.0 feed. Tanto los comentarios como los pings están inhabilitados.