Asociación Castaño y Nogal

¿Habrá que vestir una armadura para acceder a viviendas y caminar por zonas sin accesibilidad de la ciudad de A Coruña?

Una grave caída del editor de esta página el pasado mes de abril, de otros residentes, familiares y vecinas entre 2020-2022 y la pieza filipina expuesta en el Castillo San Antón sirve de metáfora de denuncia del incumplimiento de normas de accesibilidad y de tránsito peatonal en espacios públicos urbanizados en la ciudad de A Coruña y de que la Xunta de Galicia tenía que haber legal de resolver que se adaptaran antes del 4-12-2017 y no lo hicieron, mediando denuncia comunidades afectadas.

Hechos y daños denunciados

El autor deja constancia de haber sufrido una grave caída en la acera de los números pares de la calle Alfredo Vicenti de A Coruña al intentar esquivar mamparas, mesas, sillas, personas paradas en paralelo, un árbol y una señal próximos al bordillo.

El diagnóstico de Urgencias del CHUAC fue fractura de húmero izquierdo y prescripción de sling / cabestrillo antirrotatorio y luego rehabilitación, que suman seis meses y previsión de otros dos/tres más, con generación de dolor invalidante los tres primeros. Este tipo de hechos y fracturas de huesos son frecuentes y van en aumento en la ciudad herculina, de lo que las barreras arquitectónicas del Andén Riazor-Orzán, Tramo 2 de la avenida Barrié, sin rampa para acceder al soportal público, que es causa-origen de caídas y lesiones reiteradas.

El sub-tramo del entono del Hotel Riazor acumula un auténtico calvario de gestiones pro rampa -sin parangón- realizadas en el período 2016 y 2025 ante el Concello de A Coruña como administración local incumplidora, la Comisión de Técnica de Accesibilidad de la Xunta de Galicia como Administración de Control, y un sin fin de instituciones, comisiones y órganos contactados con el resultado abrir y archivar expedientes sin motivar congruentemente con el derecho de accesibilidad universal reconocido constitucionalmente.

Estrechamiento espacio de paso utilizable con terrazas “acordeón”

En la ciudad herculina se está estrechando -también- la anchura útil de algunas aceras y calles peatonales con terrazas “acordeón” en horas punta que invaden el itinerario de paso con mamparas de terrazas, mesas, sillas, carteles, pies de sombrilla a uno o ambos lados, sin control pese constituir infracción de lo establecido en la Orden 851/2021 que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

La ordenanza reguladora de terrazas de A Coruña fija un paso mínimo en aceras de 1,50 m., ampliable a 1,80 m. límites que se incumplen de forma notoria en horas punta en calles peatonales como las de La Estrella, Olmos, Galera y otras con terrazas. En calles peatonales, la ordenanza establece 3 m. de paso y un máximo del 50% de ocupación, que también se incumple.

La vigilancia y control del estrechamiento y barreras incumbe a técnicos y cargos del área de Urbanismo y de Movilidad del Concello de A Coruña y a la Comisión Técnica de Accesibilidad de la Xunta de Galicia como órgano tutelante del derecho de accesibilidad convertida en aliado de actuaciones infractoras de la Ley 10/2014 de accesibilidad, concordantes del Estado y autonómicas y del Decreto 35/2000 del reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en Galicia, en concreto y específicamente en las barreras de la Avenida Barrié, como denunciaron las comunidades en su día.

Elevado el problema de inaccesibilidad y consecuencias a la Fiscalía Provincial de A Coruña con antecedentes junto con informe de la oficina especializada OADIS del Ministerio de Derechos Sociales y aportar partes de lesiones y hospitalizaciones de caídas de sillas de ruedas de la clínica Adeslas, informe de hospitalización del CHUAC de mujeres lesionadas y petición a la alcaldesa de A Coruña el 20 de mayo de 2020, la citada Fiscalía decretó con fecha 20 y 21 de abril de 2021 el archivo de la investigación penal y absolución administrativa, en objetiva contradicción con las normas que garantizan el derecho universal de accesibilidad habiendo como había personas lesionadas por caídas al intentar salvar el desnivel en sillas de ruedas y caminando, con el agravante de haber caducado el plazo de adaptación municipal nueve (9) años antes, por lo que tenía el deber estatutario de actuar de proteger a las personas con discapacidad y no lo hizo.

Insumisión en cadena normas de accesibilidad

Adaptar los espacios públicos urbanos como los antes reseñados, ordenarlo y mantenerlo es un deber del gobierno municipal y de controlar incumplimientos es competencia de la Consellería de Política Social, más aún cuando hay denuncias y pruebas públicas y notorias como en el caso de la inaccesibilidad de la avenida Pedro Barrié y en otras calles.

En este caso concreto, la Comisión Técnica de Accesibilidad de la Xunta no sólo hizo dejación de competencias y funciones, sino que en el período 2020-2022 requirió y conminó a tres comunidades solicitantes de la eliminación de barreras con denuncia de oficio número B 10/2020 “para que presente el proyecto técnico, que solucione los problemas de accesibilidad, al concello…” en espacio público fijado en el Plan General de 1967 / Andén Riazor-Orzán / Soportal de toda la avenida Barrié, por el que cobra tasas de ocupación, por lo que tendría que requerir al Concello y lo derivó deliberadamente a las solicitantes. ¡Insólito!

Y, como coronación de expedientes administrativos antijurídicos, pilatos y caóticos, está la notificación del 5 de febrero de 2021, con registro de salida 142798, de amenaza de apertura de expediente sancionador y multa -implícita- a las comunidades por un incumplimiento municipal de 301 a 1.000.000 € prevista en la Ley de accesibilidad de Galicia.

Lo relatado y lo afín aquí omitido se ha producido en presunta concertación entre la Comisión Técnica de Accesibilidad y responsables y técnicas-os del área de Urbanismo del Concello de A Coruña según consta descrito en soporte administrativo municipal en nuestro poder.

Lo descrito es un escándalo y ejemplo -muestra- de encubrimiento e inacción impropio de un Estado social y democrático de Derecho, sin control de la intervención y asesoría jurídica de la Xunta, ni de la Fiscalía Provincial que dictó decreto de archivo penal, ni de los órganos judiciales ni de las mal llamadas comisiones de petición del Parlamento de Galicia y del Parlamento Europeo, ni de la Valedora do Pobo de Galicia, convertidos en órganos prescindibles; que archivaron en cadena los expedientes abiertos en palmaria contradicción con el deber esencial a tutelar el derecho reconocido a personas con discapacidad, lesionadas y fracturadas por caídas y falta de rampa de accesibilidad.

Por dignidad y responsabilidad social, se inicia ahora una nueva fase para hacer prevalecer la ley y los derechos violados.

Antonio Álvarez González, residente, abogado jubilado, hijo, yerno y vecino de más de 4 personas lesionadas por caídas y luego fallecidas, impulsor de gestiones y alegaciones pro-rampa ante Concello A Coruña, Xunta de Galicia, Parlamento Europeo, Parlamento de Galicia, Mº Derechos Sociales, Valedora do Pobo y medios.