De la desaparición de explotaciones familiares a la pérdida del mosaico rural: lo que debe auditarse antes de que vuelva a arder
Prados, arbolado, cauce y presencia humana, un mosaico rural que reduce la continuidad del combustible.
La chispa puede iniciar un incendio. La devastación, sin embargo, se prepara durante años: desaparecen explotaciones agrarias y ganaderas familiares, retrocede el pastoreo, se abandonan tierras y caminos, aumenta la continuidad de la vegetación y la prevención queda reducida a planes, presupuestos o actuaciones sin control público ni verificación material suficientes. El fuego encuentra así un territorio con menos población activa, menos usos productivos y más combustible conectado.
Los Censos Agrarios muestran la magnitud de esta transformación. España pasó de 2.284.944 explotaciones en 1989 a 914.871 en 2020: 1.370.073 menos, un 60,0 %. Entre 1999 -referencia oficial más próxima al 1 de enero de 2001- y 2020, la reducción fue de 875.291 explotaciones, un 48,9 %. Es una diferencia censal acreditada; sin depuración metodológica y registral, no permite identificar cada unidad con el cierre de una explotación familiar ni imputar por sí sola el resultado a una política concreta.
Para el territorio no basta contar explotaciones o cabezas de ganado. Hay que saber cuántas unidades seguían en manos familiares, cuánto trabajo aportaban, qué orientación agrícola, ganadera o mixta mantenían, cuántas hectáreas se pastaban realmente y qué ocurrió después con huertas, prados, viñedos y parcelas abandonadas. Las explotaciones mixtas sostienen discontinuidades -cultivos, pastos, setos, caminos y monte- que limitan la continuidad del combustible. Su desaparición puede alterar más el paisaje que la pérdida de una unidad intensiva sin presencia territorial equivalente.
Extinción aérea, imprescindible ante la emergencia, pero incapaz de sustituir una prevención territorial continua y verificable.
La Política Agraria Común debe examinarse con el mismo rigor. La Unión Europea diseñó marcos y financió medidas; el Estado coordinó, legisló y canalizó fondos; las comunidades autónomas convocaron, autorizaron, controlaron y pagaron buena parte de las actuaciones; diputaciones, cabildos y municipios asumieron funciones locales; y propietarios y gestores conservaron obligaciones propias. Debe reconstruirse el efecto territorial de las primas de abandono o arranque, la jubilación anticipada, la forestación de tierras agrarias, la modernización, la concentración productiva y el desarrollo rural, distinguiendo asignación, compromiso, pago, ejecución física y resultado.
Tampoco toda superficie forestal es plantación ni toda especie es foránea. Deben diferenciarse la expansión natural, la repoblación, la plantación comercial y el abandono, así como especie, densidad, titularidad y proximidad a viviendas. España no dispone de una anchura única de fajas o cortafuegos aplicable a todos los montes y núcleos: la legislación básica estatal se completa con normas autonómicas, planes de prevención, ordenanzas municipales, proyectos de urbanización y obligaciones de propietarios. La verificación exige identificar la norma vigente, el responsable, la ejecución y el mantenimiento real en cada territorio.
MATRIZ MÍNIMA DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL
Adaptaciones y retos inaplazables
La prevención debe poder verse y comprobarse: caminos abiertos; fajas de gestión de biomasa con anchura técnicamente suficiente, ejecutadas y mantenidas; puntos de agua operativos; parcelas identificadas; fechas, costes, responsables, certificaciones y resultados. Un plan, una memoria o un presupuesto no prueban por sí solos la ejecución material. La cuenta pública debe llegar hasta la parcela y cruzarse con la superficie finalmente quemada.
La Unión Europea, el Estado, las comunidades autónomas, las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, las fiscalías, los juzgados y los órganos de control deben abordar esta materia en serio. Deben examinar la cadena con datos verificables e incorporar la experiencia de quienes perdieron viviendas, explotaciones, ganado y patrimonio; de universidades y expertos independientes; y de quienes arriesgaron su vida en la prevención y la extinción.
Investigar no es condenar: es comprobar si la devastación pudo agravarse por decisiones, incumplimientos u omisiones evitables.
Esta sí es una prioridad territorial, medioambiental, constitucional, ejecutiva, social y democrática en la España de julio de 2026.
Serie nacional de explotaciones censadas. La cifra expresa una diferencia entre censos y exige depuración antes de identificar cierres familiares o atribuir causas.
La trazabilidad exige seguir la asignación, la contratación, la ejecución, la certificación y el resultado hasta la parcela y la superficie finalmente quemada.
FUENTES PRINCIPALES:
INE, Censos Agrarios 1989, 1999, 2009 y 2020; Eurostat, Farm Structure Surveys; MAPA y FEGA, Anuarios de Estadística, Encuestas Ganaderas, Registro Vitícola y Red Contable Agraria; MITECO, Inventario Forestal Nacional, Mapa Forestal y Estadística General de Incendios Forestales; Comisión Europea, DG AGRI, FEAGA y FEADER; Ministerio de Hacienda e IGAE, presupuestos y cuentas públicas; normativa y planes de las comunidades autónomas; INE/IGE e institutos autonómicos, Padrón, Nomenclátor y migraciones; universidades españolas, TESEO, Dialnet y repositorios de investigación.
Asociación Castaño y Nogal (CyN) · Antonio Álvarez González
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